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RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS



EL TRIBUNAL SUPREMO PROHÍBE A LA AGENCIA TRIBUTARIA LA IMPUTACIÓN COMO GANANCIA PATRIMONIAL DE LOS BIENES EN EL EXTRANJERO SIN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de junio de 2022, prohíbe a la Agencia Tributaria imputar como ganancia patrimonial los bienes en el extranjero sin plazo de prescripción.

La Sentencia determina que una liquidación por IRPF no puede practicarse sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, cuando las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan correspondan a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero y hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información.

Según la Sentencia, la Comisión Europea considera que la previsión contenida en el artículo 39.2 de la LIRPF, introduce un mecanismo manifiestamente desproporcionado de imprescriptibilidad de la potestad de regularizar las rentas de la AEAT. Razona también, que en el ámbito de la Unión Europea, existen mecanismos suficientes de cooperación administrativa para la transmisión de información fiscal.

EL ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA NO PUEDE SER AMPLIADO EN LA APERTURA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de mayo de 2022, interpreta que la ampliación del alcance del procedimiento de comprobación limitada, junto con la notificación del trámite de audiencia y propuesta de liquidación, es contraria a los artículos 34.1.ñ) y 137 de la LGT, y constituye causa de nulidad de la liquidación dictada, que debe calificarse como infracción sustantiva del artículo 48.1 de la Ley 39/2015 y no como mero defecto formal.

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REAL DECRETO 1622/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1993/1995, DE 7 DE DICIEMBRE

Posted on November 23, 2011 at 12:52 PM
La regulación legal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, contenida en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, fue modificada por la Ley 39/2010,de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, simplificando las reservas a constituir por las mutuas, mediante la sustitución de las actualmente existentes en relación con las contingencias profesionales por una única reserva de estabilización que permita aumentar la trasparencia y facilite la gestión; reforma esta que requiere un desarrollo reglamentario que posibilite su aplicación. A este respecto, la citada Ley 39/2010, de 22 dediciembre, ordena que las operaciones de cierre correspondientes al ejercicio 2010 se realicen en los términos que reglamentariamente se determinen.

A tal fin, ya en el mes de diciembre de 2010 se elaboró un proyecto de reald ecreto que fue sometido a los primeros informes preceptivos, incluyendo otros asuntos pendientes de desarrollo reglamentario. Posteriormente, la tramitación del citado real decreto fue paralizada a petición de las organizaciones empresariales, representadas en la mesa de diálogo social, para evitar posibles interferencias con algunos de los asuntos a tratar en dicha mesa.

Una vez concluida, sin acuerdo, la ronda de negociaciones, subsiste la urgencia de concluir la tramitación del real decreto en los aspectos señalados y en aquellos otros relativos a la gestión de las mutuas cuya dilatación en el tiempo podría afectar negativamente a dicha gestión.

Por otra parte, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social establece, en su disposición adicional decimocuarta, que el Gobierno, con la participación de los agentes sociales, abordará en el plazo de un año una reforma del marco normativo de aplicación a las mutuas, con arreglo a los criterios y finalidades que en dicha disposición se señalan.

En consecuencia, este real decreto se limita a desarrollar reglamentariamente los asuntos inaplazables en coherencia con el actual marco normativo, dejando al margen el resto del contenido del proyecto inicialmente sometido a informe.

Finalmente, se adapta la posible actuación de las mutuas, como titulares del capital social de la respectiva sociedad de prevención, a la modificación del artículo 32 de la
Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, recogida en la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
 
Fuente: BOE

Categories: LABORAL Y SEG. SOCIAL

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