El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

En el ámbito de la Administración de Justicia, se dispuso específicamente, entre otras medidas, la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución Española.

 

Posteriormente, la celebración de actos procesales de forma telemática, es una de las medidas organizativas de los Juzgados, recogidas en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, para intentar paliar la preocupante situación de la Justicia en España agravada, sin duda, por la pandemia.

 

Una buena medida la anterior, pero en este mundo que tiende hacia la tecnología y la inmediatez de los servicios, resulta necesario atender, además, propuestas de valor que se inicien con la relación tradicional de confianza en nuestro ámbito, pero que luego se desarrollen digitalmente de forma generalizada en el ámbito de la Administración de Justicia.

 

En este sentido, se hace imprescindible desde ahora, potenciar y ampliar el sistema telemático LexNET, implementando sus funcionalidades como una suerte de herramienta que sirva para paliar el colapso de las actuaciones judiciales en nuestro país. Resulta no sólo necesario ampliar la capacidad de LexNET para subir documentos y para almacenarlos en los servidores, ampliando los plazos de conservación de la información, sino también reforzar, además, sus mecanismos de seguridad y de privacidad para convertirse en un canal fundamental para todas las actuaciones judiciales.

 

Además, en países de nuestro entorno, resulta fácil observar una tendencia irreversible, en favor de la introducción de diversas formas de 'tribunal remoto', en audiencias de audio y/o de vídeoconferencia, mediante el desarrollo de nuevos métodos y técnicas que puedan favorecer que los servicios legales se presten de una forma deslocalizada, online y multi-jurisdiccional.

 

Para conseguir ese objetivo, resulta fundamental una educación en competencias digitales para que todos los profesionales del sector estemos perfectamente formados, creando nuevos planes de estudios y dotando de mayores medios en favor de la digitalización real de la Justicia. Para ello, también se hace necesario invertir en tecnología y talento no exclusivamente jurídico que sirva de auténtico apoyo en cuestiones técnicas al mundo jurídico.

 

Esta crisis ha puesto de relevancia no sólo la precariedad y deficiencia de medios de la Justicia, sino también que no podemos permitir que se pare la actividad procesal ante sucesos como los que vivimos actualmente con el Covid-19.

 

En definitiva, se hace necesario un auténtico cambio del sector legal, en favor de la transformación digital de todos los operadores jurídicos, para lograr evitar que una nueva amenaza pueda paralizar uno de los poderes fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

 

Esta moratoria para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias correspondientes al primer trimestre (1T) de 2020,sólo afecta a aquellas que corresponda presentar en el ámbito estatal y cuya gestión corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El ámbito de aplicación de esta ampliación de plazo, se limita exclusivamente a aquellos obligados tributarios con un

volumen de operaciones a efectos del IVA no superior a 600.000 euros en el año 2019.Es oportuno recordar que, a estos efectos, se entenderá por volumen de operaciones, el importe total, excluido el IVA.

Fuente: BOE

1. Establecer, de acuerdo con lo regulado en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, detallados en el anexo I, para el primer tramo de la línea de avales que ascenderá a un importe de 20.000 millones de euros, otorgada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Mediante este primer tramo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avalará la financiación otorgada por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para paliar los efectos en su actividad como consecuencia del COVID-19. Los avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital serán gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial en los términos previstos en este Acuerdo.

2. Los importes correspondientes a los quebrantos que se produzcan por la ejecución del aval, así como los gastos de gestión y administración del Instituto de Crédito Oficial por la instrumentación de este aval, se atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecida al efecto y conforme a los términos indicados en los anexos de este Acuerdo y la autorización de límites para adquirir compromisos de gasto en ejercicios futuros recogida en el anexo II de este acuerdo.

3. Facultar al Instituto de Crédito Oficial para que, en el ámbito de sus competencias, a través de sus órganos competentes, resuelva cuantas incidencias prácticas pudiesen plantearse para la ejecución de esta línea de avales y durante toda la vigencia de las operaciones. En aquellas cuestiones que puedan tener implicaciones presupuestarias o para su equilibro financiero, el Instituto de Crédito Oficial podrá hacer las propuestas correspondientes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para su consideración.

4. Mandatar al Instituto de Crédito Oficial para que dentro de los 10 días siguientes a la adopción de este Acuerdo de Consejo de Ministros disponga lo necesario para la puesta en marcha de forma efectiva de esta línea de avales.

5. Autorizar al Instituto de Crédito Oficial a cargar en el Fondo de Provisión creado por el Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de octubre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los quebrantos por ejecución de los avales, así como los costes financieros y gastos de gestión y administración que para el Instituto de Crédito Oficial suponga la instrumentación de esta línea de avales por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el apartado d) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015.

Fuente: BOE

El Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

Se introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción, y se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena. Asimismo se endurecen las infracciones y se prevé la publicidad de las infracciones graves o muy graves.

En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

En el ámbito del empleo, se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos.

Fuente: BOE

El socio-presidente de nuestra Firma, D. Raúl González Galán, ha sido incluido en el Directorio internacional de Abogados de reconocido prestigio BEST LAWYERS 2020.